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12 PREGUNTAS DE TEST DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, LEY DEL SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA ()

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Este texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que entró en vigor el 31 de octubre de 2015, prescinde en su título de los términos regeneración y renovación urbanas, no sólo para facilitar el conocimiento, manejo y cita de la norma, sino, sobre todo, por considerar que el término rehabilitación urbana engloba, de manera comúnmente admitida, tanto ésta, como la regeneración y renovación de los tejidos urbanos.

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1. Conforme dispone el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda:

a) De 10 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

b) De 6 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

c) De 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

d) De 24 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

2. Según el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, todo procedimiento de realojamiento respetará, al menos, las siguientes normas procedimentales comunes (señala la opción falsa):

a) La Administración actuante identificará a los ocupantes legales a que hace referencia el apartado 1, mediante cualquier medio admitido en derecho y les notificará la inclusión del inmueble en la correspondiente actuación, otorgándoles un trámite de audiencia que, en el caso de que exista también un plazo de información pública, coincidirá con éste.

b) Durante el trámite de audiencia o información al público, los interesados, además de acreditar que cumplen los requisitos legales necesarios para ser titulares del derecho de realojamiento podrán solicitar el reconocimiento de dicho derecho o renunciar a su ejercicio. La ausencia de contestación impedirá a la Administración continuar el procedimiento.

c) Una vez finalizado el trámite previsto en la letra anterior, la Administración aprobará el listado definitivo de las personas que tienen derecho a realojamiento, si no lo hubiera hecho ya con anterioridad y lo notificará a los afectados.

d) No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá reconocerse el derecho de realojamiento de otras personas que, con posterioridad al momento correspondiente, acrediten que reúnen los requisitos legales para tener dicho derecho.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

3. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, respecto de la Participación pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias (señala la opción incorrecta):

a) Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la Administración correspondiente, no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados.

b) La cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno Derecho.

c) La cláusula que contravenga estas reglas será anulable de pleno Derecho.

d) Las opciones a) y b) son correctas.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

4. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado las facultades del derecho de propiedad incluyen las siguientes (señala la opción falsa):

a) El derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con lo previsto en el apartado 1, siempre que el ejercicio de estas facultades sea compatible con la previsión ya contenida en el instrumento de ordenación territorial y urbanística en relación con su paso a la situación de suelo urbanizado.

b) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre los criterios y previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de las obras que habrán de realizar para asegurar la conexión de la urbanización con las redes generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística fijará el plazo máximo de contestación de la consulta, que no podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, así como los efectos que se sigan de ella.

c) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y sean compatibles con la ordenación urbanística.

d) El derecho de elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda, cuando la Administración no se haya reservado la iniciativa pública de la ordenación y ejecución.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

5. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en la consideración del principio de prevención de riesgos naturales y accidentes graves en la ordenación de los usos del suelo, se incluirán los riesgos derivados del cambio climático, entre ellos (marca la opción incorrecta):

a) Riesgos derivados de los embates marinos, inundaciones costeras y ascenso del nivel del mar.

b) Riesgos de incendios, con especial atención a los riesgos en la interfaz urbano-forestal y entre las infraestructuras y las zonas forestales.

c) Riesgos derivados de eventos meteorológicos extremos sobre las infraestructuras y los servicios públicos esenciales, como el abastecimiento de agua y electricidad o los servicios de emergencias.

d) Riesgos de mortalidad y morbilidad derivados de las altas temperaturas y, en particular, aquellos que afectan a poblaciones vulnerables. Estos datos no se ofrecerán desagregados por sexo.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

6. De conformidad con el artículo 27 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad de fincas o parcelas, los notarios podrán solicitar de la Administración Pública competente información telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito expresivo de su situación urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén afectas. Los notarios remitirán a la Administración competente, para su debido conocimiento, copia simple en papel o en soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido información urbanística, dentro de:

a) Los 10 días siguientes a su otorgamiento.

b) Los 15 días siguientes a su otorgamiento.

c) Los 20 días siguientes a su otorgamiento.

d) Los 7 días siguientes a su otorgamiento.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

7. Según el artículo 31 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, podrán beneficiarse de la colaboración y la cooperación económica de la Administración General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legalmente y teniendo prioridad en las ayudas estatales vigentes, las actuaciones con cobertura en los correspondientes planes estatales que tengan por objeto:

a) La elaboración y aprobación de los instrumentos necesarios para la ordenación y la gestión de las actuaciones reguladas por esta ley y, en especial, de aquellos que tengan por finalidad actuar sobre ámbitos urbanos degradados, desfavorecidos y vulnerables o que padezcan problemas de naturaleza análoga que combinen variables económicas, ambientales y sociales.

b) Las opciones a) y c) son correctas.

c) La conservación, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas tal y como se definen en esta ley y se conciban en los correspondientes Planes estatales.

d) Las opciones a) y c) son falsas.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

8. Marca la opción correcta: Según el artículo 39 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, los siguientes gastos y costes se tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo:

a) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos para la ejecución de la actuación.

b) Las indemnizaciones no pagadas.

c) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la legislación de la ordenación territorial y urbanística, no sean necesarios para legitimar una actuación de urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de la edificación.

d) Todas las opciones son ciertas.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

9. Marca la opción falsa: Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos, conforme el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre:

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa.

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial o urbanística.

d) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

10. Según el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, procede la reversión salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias (señala la opción incorrecta):

a) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de éste.

b) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de urbanización.

c) Que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido efectivamente implantado y mantenido durante cinco años, o bien que el nuevo uso asignado al suelo sea igualmente dotacional público.

d) Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta ley.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

11. Según el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, la iniciación del expediente de distribución de beneficios y cargas que corresponda o la afección de los terrenos comprendidos en una actuación de transformación urbanística al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la forma de gestión que proceda, se harán constar en el Registro por nota al margen de la última inscripción de dominio de las fincas correspondientes. La nota marginal:

a) Tendrá una duración de dos años y podrá ser prorrogada por otros dos años a instancia del órgano o agrupación de interés urbanístico que hubiera solicitado su práctica.

b) Tendrá una duración de un año y podrá ser prorrogada por otros dos años a instancia del órgano o agrupación de interés urbanístico que hubiera solicitado su práctica.

c) Tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por otros dos años a instancia del órgano o agrupación de interés urbanístico que hubiera solicitado su práctica.

d) Tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por otros tres años a instancia del órgano o agrupación de interés urbanístico que hubiera solicitado su práctica.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

12. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, los actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles directamente ante la jurisdicción:

a) Civil.

b) Contencioso-administrativa.

c) Social.

d) Penal.

¡Muy bien! ¡Incorrecto!

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2. Según el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, todo procedimiento de realojamiento respetará, al menos, las siguientes normas procedimentales comunes (señala la opción falsa):

3. Según el artículo 9 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, respecto de la Participación pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias (señala la opción incorrecta):

9. Marca la opción falsa: Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos, conforme el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre:

12. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, los actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles directamente ante la jurisdicción:

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9. Marca la opción falsa: Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y derechos que resulten de los siguientes supuestos, conforme el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre:

12. Según el artículo 64 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, los actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles directamente ante la jurisdicción:

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